La Defensa del Estado Peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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“El desafío está en ponernos de acuerdo

y defender la decisión de la Corte Suprema"

- César Azabache, renunciante Agente del Estado

La pregunta que todos los peruanos nos estamos planteando desde hace bastante tiempo es si ¿existe realmente la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?. En efecto, hace unos días, acaba de renunciar el Dr. César Azabache, Agente del Perú ante la Corte IDH para el caso Chavin de Huántar, ante las acusaciones de adelantar opinión al hablar de ejecuciones extrajudiciales, cuando la justicia aún no lo ha comprobado. El acontecimiento es uno de los muchos que se han acumulado sólo en los últimos dos meses y me ha llevado a proponer esta interrogante.

En el gobierno del Dr. Alejandro Toledo y ante las consecuencias del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el cual a pesar que por ley no tenía un carácter vinculante fue utilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado peruano, se propuso la implementación de su defensa. De acuerdo a los cuestionamientos del ex Procurador Anti-Terrorismo Guillermo Cabala Rossand, esta defensa no fue asignada a expertos penalistas, como correspondía, sino a abogados especialistas en derecho comercial.

Durante el segundo gobierno del ex Presidente Alan García Pérez, la opinión pública confiaba en que se conformaría una efectiva defensa del Estado, como quiera que la mayor cantidad de denuncias por violaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y fosas clandestinas se registraron en su primer gobierno. Los anuncios ante la prensa televisiva, tanto del ex Ministro de Defensa Alan Wagner Tizón y del ex Procurador Anti-Terrorismo Guillermo Cabala Rossand de crear un equipo multidisciplinario de jóvenes profesionales integrado por abogados, antropólogos, arqueólogos, psicólogos, criminalistas entre otros que viajaran incluso hasta la misma Corte Interamericana, hizo prever una nueva etapa. Al respecto, en el Congreso de la República se llegó a presentar el proyecto Proyecto de Ley nº2848-2008-CR, independientemente de su objetivo, y en conformidad con los artículos 7 y 8, buscaba conocer cuáles habían sido los verdaderos alcances y las limitaciones de las investigaciones fiscales y forenses y determinar responsabilidades funcionales y hasta penales. Sin embargo, pronto y ante la sorpresa de todos renunció el ex Procurador Anti-Terrorismo Cabala, aduciendo que no tenía presupuesto.

En adelante, los esfuerzos por constituir una efectiva defensa del Estado peruano fueron prácticamente a título personal. Lo que si llama la atención es que ningún militar que llegó al cargo de Ministro de Defensa canalizó alguna iniciativa para la defensa de los miembros de las fuerzas armadas acusados por delitos de lesa humanidad. En realidad, la gestión de estos generales en el Ministerio de Defensa sólo se circunscribió a la mejora de ingresos y las propinas del personal y a interceder por la renovación de armamento.

Entre los Ministros de Defensa civiles, tampoco hubo un aporte significativo al respecto, aunque tuvieron acciones que hay que destacar. Fue el caso del del Ing. Rafael Rey propuso el Decreto Legislativo 1097 y que buscaba "establecer un marco regulatorio uniforme respecto de los delitos que implican violaciòn de derechos humanos" ( art. 1 ), para lo cual proponía adelantar la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, en la gestión ministerial del Dr. Ántero Flores Aráoz, su altisonante reacción, a propósito del financiamiento alemán del Museo de la Memoria Colectiva, fue fundamental para conseguir se considere la versión de las fuerzas armadas, que al comienzo estuvo relegada.

En los últimos meses, el Comité Internacional de la Cruz Roja ( CIRC ) y el Consejo de Reparaciones han coincidido en afirmar que el número de las víctimas ascendería de las 69 mil 280 personas estimadas por la CVR a 100 mil personas. Mientras tanto en Perú tuvimos la suerte que fue nombrado Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el peruano Diego García Sayán, auspiciador del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y ongs de derechos humanos, que nuestro ex Ministro de Justicia Francisco Eguiguren había sido juez ad hoc de la CIDH votando en sentencias contra el Estado peruano, donde se tuvo que indemnizar con miles de dólares a los familiares de los terroristas. Entre el 2000 y 2005 se indemnizó a terroristas por más de 20 millones de dólares. Asimismo, se designó como Representante del Perú ante la CIDH al ex Defensor del Pueblo interino Walter Alván Peralta, quien fue nada menos que autor de la propuesta para que los militares sean procesados en el fuero civil.

Al final de su segundo gobierno, el ex Presidente Alan García Pérez, anunció un proceso civil demandando por “daños y perjuicios” a los terroristas por 5,000 millones de dólares, lo cual nunca se cumplió. Por el contrario, hace unos días, el Fiscal de la Nación Peláez Bardales, durante una entrevista televisiva, llamó partido nada menos que a Sendero Luminoso.

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