La Defensa del Estado Peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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“El desafío está en ponernos de acuerdo

y defender la decisión de la Corte Suprema"

- César Azabache, renunciante Agente del Estado

La pregunta que todos los peruanos nos estamos planteando desde hace bastante tiempo es si ¿existe realmente la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?. En efecto, hace unos días, acaba de renunciar el Dr. César Azabache, Agente del Perú ante la Corte IDH para el caso Chavin de Huántar, ante las acusaciones de adelantar opinión al hablar de ejecuciones extrajudiciales, cuando la justicia aún no lo ha comprobado. El acontecimiento es uno de los muchos que se han acumulado sólo en los últimos dos meses y me ha llevado a proponer esta interrogante.

En el gobierno del Dr. Alejandro Toledo y ante las consecuencias del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el cual a pesar que por ley no tenía un carácter vinculante fue utilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado peruano, se propuso la implementación de su defensa. De acuerdo a los cuestionamientos del ex Procurador Anti-Terrorismo Guillermo Cabala Rossand, esta defensa no fue asignada a expertos penalistas, como correspondía, sino a abogados especialistas en derecho comercial.

Durante el segundo gobierno del ex Presidente Alan García Pérez, la opinión pública confiaba en que se conformaría una efectiva defensa del Estado, como quiera que la mayor cantidad de denuncias por violaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y fosas clandestinas se registraron en su primer gobierno. Los anuncios ante la prensa televisiva, tanto del ex Ministro de Defensa Alan Wagner Tizón y del ex Procurador Anti-Terrorismo Guillermo Cabala Rossand de crear un equipo multidisciplinario de jóvenes profesionales integrado por abogados, antropólogos, arqueólogos, psicólogos, criminalistas entre otros que viajaran incluso hasta la misma Corte Interamericana, hizo prever una nueva etapa. Al respecto, en el Congreso de la República se llegó a presentar el proyecto Proyecto de Ley nº2848-2008-CR, independientemente de su objetivo, y en conformidad con los artículos 7 y 8, buscaba conocer cuáles habían sido los verdaderos alcances y las limitaciones de las investigaciones fiscales y forenses y determinar responsabilidades funcionales y hasta penales. Sin embargo, pronto y ante la sorpresa de todos renunció el ex Procurador Anti-Terrorismo Cabala, aduciendo que no tenía presupuesto.

En adelante, los esfuerzos por constituir una efectiva defensa del Estado peruano fueron prácticamente a título personal. Lo que si llama la atención es que ningún militar que llegó al cargo de Ministro de Defensa canalizó alguna iniciativa para la defensa de los miembros de las fuerzas armadas acusados por delitos de lesa humanidad. En realidad, la gestión de estos generales en el Ministerio de Defensa sólo se circunscribió a la mejora de ingresos y las propinas del personal y a interceder por la renovación de armamento.

Entre los Ministros de Defensa civiles, tampoco hubo un aporte significativo al respecto, aunque tuvieron acciones que hay que destacar. Fue el caso del del Ing. Rafael Rey propuso el Decreto Legislativo 1097 y que buscaba "establecer un marco regulatorio uniforme respecto de los delitos que implican violaciòn de derechos humanos" ( art. 1 ), para lo cual proponía adelantar la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, en la gestión ministerial del Dr. Ántero Flores Aráoz, su altisonante reacción, a propósito del financiamiento alemán del Museo de la Memoria Colectiva, fue fundamental para conseguir se considere la versión de las fuerzas armadas, que al comienzo estuvo relegada.

En los últimos meses, el Comité Internacional de la Cruz Roja ( CIRC ) y el Consejo de Reparaciones han coincidido en afirmar que el número de las víctimas ascendería de las 69 mil 280 personas estimadas por la CVR a 100 mil personas. Mientras tanto en Perú tuvimos la suerte que fue nombrado Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el peruano Diego García Sayán, auspiciador del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y ongs de derechos humanos, que nuestro ex Ministro de Justicia Francisco Eguiguren había sido juez ad hoc de la CIDH votando en sentencias contra el Estado peruano, donde se tuvo que indemnizar con miles de dólares a los familiares de los terroristas. Entre el 2000 y 2005 se indemnizó a terroristas por más de 20 millones de dólares. Asimismo, se designó como Representante del Perú ante la CIDH al ex Defensor del Pueblo interino Walter Alván Peralta, quien fue nada menos que autor de la propuesta para que los militares sean procesados en el fuero civil.

Al final de su segundo gobierno, el ex Presidente Alan García Pérez, anunció un proceso civil demandando por “daños y perjuicios” a los terroristas por 5,000 millones de dólares, lo cual nunca se cumplió. Por el contrario, hace unos días, el Fiscal de la Nación Peláez Bardales, durante una entrevista televisiva, llamó partido nada menos que a Sendero Luminoso.

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La Historia ( del Fracaso ) del Estado Peruano- Dr. Alberto Bolivar Ocampo

El martes 15 de febrero se presentó el Dr. Alberto Bolívar Ocampo, prestigioso politólogo, catedrático de los institutos armados del Perú y del Centro de Altos Estudios Nacionales ( CAEN ) en el Curso Basico de Gobernabilidad y Democracia que coordino para el Consejo Por la Paz, y que preside el Dr. Francisco Diez-Canseco Távara.

En su conferencia magistral el Dr. Bolívar realizó una reseña de la historia del Estado peruano, desde el pasado incaico, poniendo en relieve la efectiva ocupación territorial del Tahuantinsuyo y el desafío geográfico que representa la coordillera de los Andes. En breve paréntesis, resaltó la calidad de la investigadora la Dra. María Rostowroski.
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En su rápido recorrido por la época virreynal, precisó que, a pesar de su caràcter, este régimen conservó su efectiva ocupación territorial, siendo un administrador eficiente, aunque corrupto.

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Más bien, es en la época republicana donde se va a presentar una ineficiente ocupación territorial, consecuencia de un Estado débil y donde Lima ya no va a ser un núcleo cohesionado, sino desinstitucionalizado. En estas lamentables circunstancias, el año 1879 el Perú va a tener su gran prueba en "La Guerra del Pacífico" contra Chile y que desnuda todas nuestras falencias y un nuevo factor: "la politización de nuestras fuerzas armadas", que se ha ido prolongando a través del tiempo como una funesta forma de clientelaje.

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En este contexto es que debemos enfrentarnos a la globalización, fenómeno mundial inevitable al cual solo sobrevivirán las naciones que demuestren una eficiencia colectiva. En tal sentido, el Perú debe dejar de ser un país de votantes para convertirse en uno de electores. Asimismo, en medio de este proceso, Bolívar expresó su profunda preocupación por el fracaso del Acuerdo Nacional, "que nadie cumple" y el resurgimiento de Sendero Luminoso, que desde el Vrae en unos pocos años ha empezado a ramificarse a nivel nacional y que amenaza con ser tan o más violento que la vez anterior.

Ver : http://www.consejoporlapaz.blogspot.com/

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El Antropólogo como Funcionario Estratégico en la Descentralización, Regionalización y Modernización del Estado Peruano

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Durante las últimas décadas en América Latina, los diversos problemas de gobernabilidad, las grandes transformaciones científicas y tecnológicas y el enorme incremento de la extrema pobreza, han vuelto a concentrar la atención en los temas de descentralización, regionalización y modernización en la gestión de los Estados.

Como anunció Karl Mannheim hace más de 50 años, la consolidación gradual de las posiciones claves dentro de la sociedad contemporánea ha hecho el planeamiento no sólo posible, sino inevitable. Surge de la necesidad de aprovechar adecuadamente los recursos humanos, económicos, materiales, técnicos y naturales, para cumplir con los objetivos establecidos. En los Estados tercermundistas, como el peruano, se observa que su ausencia ha tenido lamentables consecuencias en el diseño y ejecución de sus políticas públicas : diagnósticos y planteamientos incoherentes, aplicación inadecuada de métodos y técnicas participativas, accidentados procesos de monitoreo, despilfarro económico y catastróficos efectos sociales y en el medio ambiente, así como la utilización de la población beneficiaria como población objeto.

Asimismo, no es casual que, en estos países, la administración estatal se encuentre casi absolutamente corporativizada por un grupo de gremios de profesionales prácticos : abogados, economistas, ingenieros y médicos, quienes se han posicionado de sectores completos. De esta manera, por ejemplo, los economistas y contadores se han asignado del Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva y la SUNAT; los abogados tienen el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Nación y cuentan con una presencia predominante en todo el sector público; el Ministerio de Salud es "el gran hospital" de los médicos; el Ministerio de Energía y Minas es la principal consultora de los ingenieros de minas y el Ministerio de Agricultura es "la granja soñada" de los ingenieros agrónomos. En el sector privado y empresarial, el escenario es aún más desconcertante y caótico y se puede observar que los abogados hasta son requeridos como periodistas deportivos.

La Constitución Política del Perú ( 1993 ) establece en su artìculo 43 : "La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza segùn el principio de la separación de poderes". Asimismo que “El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación..” ( articulo 19 ) . En efecto, en el Perú coexisten 76 nacionalidades, grupos étnicos o culturas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática ( INEI ), las cuales emplean 67 idiomas y lenguas, procedentes de 16 familias etnolingüìsticas. Sin embargo, como enfatiza Pedro PATRÓN BEDOYA en Nuevo Derecho Administrativo en el Perú : “A partir de ello las funciones que debían caracterizar al Estado, relativas al servicio público, nunca fueron precisadas ni sistematizadas en base a las necesidades reales ni intereses de la población, y por ende, su imagen era y es totalmente negativa y no acorde con las exigencias de una sociedad caracterizada por sus profundas diferencias estructurales. En consecuencia, Estado, trabajador y Comunidad Nacional formaban y forman cuerpos totalmente inconexos e inclusive contradictorios, todo lo cual coadyuva al sistema vigente”.
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En éste contexto, la política social ha sido presentada por diversos especialistas como el principal instrumento del cual dispone la sociedad y el Estado para enfrentar problemas como la pobreza y la desigualdad, de donde de lo que se trata es de seguir las recomendaciones de las organizaciones internacionales y/o gastar “más y mejor”. Para el sociólogo Carlos Franco, no es precisamente la política social el instrumento principal, sino la introducción de “criterios sociales” en la orientación de la estrategia de desarrollo y la política económica :

“Lo que éstas propuestas parecen olvidar, sin embargo, es que la eficacia del papel cumplido por la política social en otros países es facilitada por orientaciones de política económica y patrones de funcionamiento de los mercados y las estructuras productivas que limitan relativamente los tamaños de la pobreza y la desigualdad enfrentados por el gasto social. Ello ocurre porque, como se sabe, los mercados y las estructuras productivas en los estados sociales de derecho no sólo son gobernados por el interés, la utilidad y la ganancia privada, sino también por la norma pública, los derechos ciudadanos y la presión de actores sociales y políticos organizados. De este modo, normas, derechos y actores colectivos, actuando en el mercado y la estructura productiva, mediatizan el poder de los agentes monopólicos u oligopólicos privados y limitan, por ello, los tamaños de la pobreza y la desigualdad”-p.247.
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Al respecto, Carlos Franco observa que dentro de los diversos cambios experimentados en casi toda nuestra historia republicana, tanto en las relaciones económicas y políticas con el exterior, la naturaleza y organización del Estado, el régimen político, la estrategia de desarrollo, los gobiernos, los partidos en el gobierno, los equipos tecnocráticos y las políticas económicas, han encontrado en el patrón étnico-cultural, la existencia de un factor constante independiente a los antes señalados, pero que los modula de una manera que extrema sus efectos sobre la distribución del ingreso. Así, considera que este patrón étnico-cultural se vincula con tres antiguas y conocidas tesis de las ciencias sociales peruanas :

“1.- El carácter simultáneamente étnico-cultural y económico de las relaciones internas de poder.

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2.- El carácter inconcluso del proceso formativo de una comunidad nacional ciudadana en el país.

3.- El lastre de valores étnicos y señoriales presentes en la conformación político cultural de las élites”.
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En la actualidad, y según información de la Defensoría del Pueblo, el Perú está registrando cerca de 268 conflictos sociales a nivel nacional, debido a causas estructurales de carácter socio-cultural. Pero, además, el Estado peruano está requiriendo urgente de agentes profesionales del cambio social como son los científicos sociales peruanos, y en particular los antropólogos, para aprovechar sus conocimientos sobre las dinámicas de los sistemas sociales para actuar e intervenir en la estructura y en los procesos organizacionales. En el caso de la antropología en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y México, desde comienzos del siglo pasado, se pueden encontrar investigaciones de funcionarios antropólogos de alta calidad, en momentos claves, respecto a la cultura industrial y de organización del trabajo y sobre asuntos de administración gubernamental.

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En consecuencia, y estando próximos a la promulgación de una Ley de la Carrera Pública y del Empleo, donde se van a definir una serie de competencias profesionales, considero imprescindible y justificada que la Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de la Gestión del Estado Peruano del Congreso de la República, considere, promueva, norme y regule la participación del antropólogo gubernamental como funcionario público estratégico en la descentralización, regionalización y modernización de la gestión del Estado Peruano.

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