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Durante las últimas décadas en América Latina, los diversos problemas de gobernabilidad, las grandes transformaciones científicas y tecnológicas y el enorme incremento de la extrema pobreza, han vuelto a concentrar la atención en los temas de descentralización, regionalización y modernización en la gestión de los Estados.
Como anunció Karl Mannheim hace más de 50 años, la consolidación gradual de las posiciones claves dentro de la sociedad contemporánea ha hecho el planeamiento no sólo posible, sino inevitable. Surge de la necesidad de aprovechar adecuadamente los recursos humanos, económicos, materiales, técnicos y naturales, para cumplir con los objetivos establecidos. En los Estados tercermundistas, como el peruano, se observa que su ausencia ha tenido lamentables consecuencias en el diseño y ejecución de sus políticas públicas : diagnósticos y planteamientos incoherentes, aplicación inadecuada de métodos y técnicas participativas, accidentados procesos de monitoreo, despilfarro económico y catastróficos efectos sociales y en el medio ambiente, así como la utilización de la población beneficiaria como población objeto.
Asimismo, no es casual que, en estos países, la administración estatal se encuentre casi absolutamente corporativizada por un grupo de gremios de profesionales prácticos : abogados, economistas, ingenieros y médicos, quienes se han posicionado de sectores completos. De esta manera, por ejemplo, los economistas y contadores se han asignado del Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva y la SUNAT; los abogados tienen el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Nación y cuentan con una presencia predominante en todo el sector público; el Ministerio de Salud es "el gran hospital" de los médicos; el Ministerio de Energía y Minas es la principal consultora de los ingenieros de minas y el Ministerio de Agricultura es "la granja soñada" de los ingenieros agrónomos. En el sector privado y empresarial, el escenario es aún más desconcertante y caótico y se puede observar que los abogados hasta son requeridos como periodistas deportivos.
La Constitución Política del Perú ( 1993 ) establece en su artìculo 43 : "La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza segùn el principio de la separación de poderes". Asimismo que “El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación..” ( articulo 19 ) . En efecto, en el Perú coexisten 76 nacionalidades, grupos étnicos o culturas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática ( INEI ), las cuales emplean 67 idiomas y lenguas, procedentes de 16 familias etnolingüìsticas. Sin embargo, como enfatiza Pedro PATRÓN BEDOYA en Nuevo Derecho Administrativo en el Perú : “A partir de ello las funciones que debían caracterizar al Estado, relativas al servicio público, nunca fueron precisadas ni sistematizadas en base a las necesidades reales ni intereses de la población, y por ende, su imagen era y es totalmente negativa y no acorde con las exigencias de una sociedad caracterizada por sus profundas diferencias estructurales. En consecuencia, Estado, trabajador y Comunidad Nacional formaban y forman cuerpos totalmente inconexos e inclusive contradictorios, todo lo cual coadyuva al sistema vigente”.
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En éste contexto, la política social ha sido presentada por diversos especialistas como el principal instrumento del cual dispone la sociedad y el Estado para enfrentar problemas como la pobreza y la desigualdad, de donde de lo que se trata es de seguir las recomendaciones de las organizaciones internacionales y/o gastar “más y mejor”. Para el sociólogo Carlos Franco, no es precisamente la política social el instrumento principal, sino la introducción de “criterios sociales” en la orientación de la estrategia de desarrollo y la política económica :
“Lo que éstas propuestas parecen olvidar, sin embargo, es que la eficacia del papel cumplido por la política social en otros países es facilitada por orientaciones de política económica y patrones de funcionamiento de los mercados y las estructuras productivas que limitan relativamente los tamaños de la pobreza y la desigualdad enfrentados por el gasto social. Ello ocurre porque, como se sabe, los mercados y las estructuras productivas en los estados sociales de derecho no sólo son gobernados por el interés, la utilidad y la ganancia privada, sino también por la norma pública, los derechos ciudadanos y la presión de actores sociales y políticos organizados. De este modo, normas, derechos y actores colectivos, actuando en el mercado y la estructura productiva, mediatizan el poder de los agentes monopólicos u oligopólicos privados y limitan, por ello, los tamaños de la pobreza y la desigualdad”-p.247.
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Al respecto, Carlos Franco observa que dentro de los diversos cambios experimentados en casi toda nuestra historia republicana, tanto en las relaciones económicas y políticas con el exterior, la naturaleza y organización del Estado, el régimen político, la estrategia de desarrollo, los gobiernos, los partidos en el gobierno, los equipos tecnocráticos y las políticas económicas, han encontrado en el patrón étnico-cultural, la existencia de un factor constante independiente a los antes señalados, pero que los modula de una manera que extrema sus efectos sobre la distribución del ingreso. Así, considera que este patrón étnico-cultural se vincula con tres antiguas y conocidas tesis de las ciencias sociales peruanas :
“1.- El carácter simultáneamente étnico-cultural y económico de las relaciones internas de poder.
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2.- El carácter inconcluso del proceso formativo de una comunidad nacional ciudadana en el país.
3.- El lastre de valores étnicos y señoriales presentes en la conformación político cultural de las élites”.
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En la actualidad, y según información de la Defensoría del Pueblo, el Perú está registrando cerca de 268 conflictos sociales a nivel nacional, debido a causas estructurales de carácter socio-cultural. Pero, además, el Estado peruano está requiriendo urgente de agentes profesionales del cambio social como son los científicos sociales peruanos, y en particular los antropólogos, para aprovechar sus conocimientos sobre las dinámicas de los sistemas sociales para actuar e intervenir en la estructura y en los procesos organizacionales. En el caso de la antropología en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y México, desde comienzos del siglo pasado, se pueden encontrar investigaciones de funcionarios antropólogos de alta calidad, en momentos claves, respecto a la cultura industrial y de organización del trabajo y sobre asuntos de administración gubernamental.
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En consecuencia, y estando próximos a la promulgación de una Ley de la Carrera Pública y del Empleo, donde se van a definir una serie de competencias profesionales, considero imprescindible y justificada que la Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de la Gestión del Estado Peruano del Congreso de la República, considere, promueva, norme y regule la participación del antropólogo gubernamental como funcionario público estratégico en la descentralización, regionalización y modernización de la gestión del Estado Peruano.
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